LOS NOMBRES DE AMÉRICA
ANÁLISIS
Paraguay: de provincia a república
El historiador Pablo Buchbinder, profesor de la Universidad de Buenos Aires, nos relata la historia de una nación en el corazón de Sudamérica que ha tenido que luchar sin tregua para afirmar su soberanía y su identidad propia, y que ha logrado finalmente establecerse como una de las piezas del concierto de naciones sudamericanas que trabajan por alcanzar una mayor unidad a principios del siglo XXI. En este sentido, interesa mucho conocer las claves de su turbulenta historia desde la consolidación definitiva de su independencia como Estado en el cuarto decenio del siglo XIX.
PABLO BUCHBINDER 18/08/2010
Desde la década de 1840, en declaraciones públicas y documentos oficiales comenzó a utilizarse la expresión "República del Paraguay" para indicar la existencia de un Estado independiente y plenamente soberano. El término "Paraguay", de todos modos, era utilizado ya en los primeros tiempos de la conquista para designar a una muy amplia región sudamericana situada en el espacio relacionado con el río del mismo nombre. Diferentes especialistas han debatido, a la vez, sobre dicho término sin llegar a un acuerdo. "Río de plumas", "río del cacique paraguá" y "agua o río como mar" fueron algunos de los significados atribuidos al vocablo "Paraguay". Durante los últimos tiempos de la colonia, finalmente el término "Provincia del Paraguay" fue utilizado para aludir a los territorios situados en la jurisdicción de la ciudad de Asunción.
Con la caída de virreinato del Río de la Plata, las autoridades residentes en Asunción convocaron varios Congresos Generales de carácter constituyente que se reunieron entre 1811 y 1814. En los documentos de aquella época se utiliza indistintamente el término "provincia" y el término "república" para referirse al Paraguay. El Congreso de 1813, por ejemplo, que adoptó la forma de gobierno consular para el país estableció que dejaba investido "el Gobierno de la Provincia en dos cónsules que se denominarán de la República del Paraguay". En realidad, el término provincia se siguió usando hasta la década de 1840. Su uso refleja cierta ambigüedad sobre el estatus del nuevo estado. Si bien el término provincia era por entonces, como ha afirmado José Carlos Chiaramonte, compatible con una "afirmación soberana de independencia estatal", reflejaba aún cierta indefinición en torno a la naturaleza definitiva de los nuevos estados. En realidad, la utilización de la expresión "provincia", habitual en el mundo rioplatense de la primera mitad del siglo XIX, dejaba todavía abierta la posibilidad de la integración en una unidad política mayor.
Declaración de independencia
La situación cambió sustancialmente durante la década de 1840. Los gobiernos asumidos desde principios de aquella década se propusieron rearticular los vínculos con los estados vecinos, en particular con Brasil y las provincias pertenecientes a la Confederación Argentina bajo la hegemonía de Juan Manuel de Rosas. El nuevo proyecto requería una definición clara del estatus político del país y también su reconocimiento como estado independiente. Cabe destacar, en este sentido, que en 1842 las autoridades paraguayas habían declarado formalmente la independencia e iniciaron iniciativas para el reconocimiento de esta. El Imperio del Brasil la reconoció en septiembre de 1844 y poco tiempo después lo hicieron Francia, Gran Bretaña y Bolivia. Un Congreso Constituyente en 1842 ratificó la independencia declarándose entonces "a la República del Paraguay nación libre e independiente de todo poder extraño". Desde ese año, en los documentos oficiales y en los pronunciamientos públicos de las autoridades la expresión "Provincia del Paraguay" comenzó a ser sustituido por el de "República del Paraguay". La declaración formal de la independencia se tradujo así en el abandono del término "provincia" y la personalidad y naturaleza del nuevo estado quedaron indefectiblemente asociadas al uso del término República.
ANÁLISIS
Haití: un nombre, una nación y un destino a cambiar
En este polémico ensayo, el historiador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ex diplomático haitiano Guy Pierre nos habla del drama de su país y de las necesidades acuciantes de un pacto político popular para construir un futuro diferente y soberano. El terremoto de enero de 2010 ha despertado el interés en esta nación isleña que lucha por recuperarse. Desde el siglo XVI, Haití ha sido cruce de culturas, primero entre españoles y pueblos indígenas, y luego como colonia francesa con una de las poblaciones de origen africana más importantes de América. Haití fue la primera nación latinoamericana en alcanzar su independencia en 1804, merced a la lucha de los antiguos esclavos que bautizaron su nación con un nombre prehispánico
GUY PIERRE 13/08/2010
Haití representa territorialmente casi una tercera parte de una de las mayores islas del Caribe, a la cual los españoles impusieron el nombre de Española o Hispaniola a fines del siglo XV, aunque -según algunas fuentes- los primeros habitantes o indígenas la identificaban con el nombre Haytí, o según otras, Quisqueya. La cuestión del nombre que llevaba cada territorio de la región está sujeta a ciertas especulaciones y discrepancias, en especial por la temprana desaparición de la población indígena local. Conviene recordar que la delimitación territorial de la Isla Española se constituyó jurídicamente en 1697 con el Tratado de Ryswick, por el cual la parte occidental pasó a ser propiedad de Francia, que le puso el nombre de Saint Domingue, el mismo que fue cambiado el primero de enero de 1804 por el de Haití tras unas cruentas guerras que se radicalizaron durante la coyuntura de 1802-1803, en contra de las tropas que Napoleón había enviado a la colonia con el objetivo de terminar con el poder de Toussaint Louverture y restablecer el sistema de esclavitud. Pero la lucha del pueblo haitiano impidió el regreso al pasado y logró que su nación fuera la primera independiente de América Latina: su significado histórico se desprende del Acta de Independencia de 1804 y de los primeros artículos de la Constitución haitiana de 1805.
Con su independencia y el rechazo del nombre de Saint Domingue y la adopción del nombre de Haití, el mundo entero quedó sorprendido: vio nacer por primera vez una nación forjada y gobernada por antiguos esclavos. Eso constituyó efectivamente un hecho histórico totalmente extraño dado que el sistema capitalista triunfante necesitaba aún la fuerza de trabajo de los negros -bien como esclavos tout court o bien como trabajadores colonizados- para sustentar su dinámica en diversos territorios americanos como el sur de los Estados Unidos, Cuba y Brasil hasta bien entrado el siglo XIX.
La joven nación de Haití, sin embargo, se encontró al inicio de su vida soberana en una situación que le iba a impedir registrar un cierto proceso de crecimiento sostenido en el siglo XIX, como otras naciones latinoamericanas que obtuvieron su independencia durante el periodo de 1810-1826. En Haití, el retraso económico fue prolongado, aunque se experimentaron algunas breves coyunturas de desarrollo a fines del siglo XIX y entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Corea.
Un nacimiento en un contexto favorable
Recordemos que Haití nació en una coyuntura política internacional que era favorable para el desarrollo del capitalismo en varias economías en Europa y en el joven país de los Estados Unidos de América, pero mucho menos para otras regiones del mundo. Es cierto que algunos de los espacios económicos de plantación ubicados en el Caribe pudieron aprovechar la coyuntura, aunque, como demuestra el caso de Cuba, sólo si se mantenía el sistema de esclavitud o de trabajo servil. Haití no recurrió a esta opción porque, al adoptar el Acta de Independencia, se abolió para siempre la esclavitud y se garantizó asimismo la libertad de todos los ciudadanos. Dessalinnes y todos los generales-fundadores y el pueblo se habían comprometido a la libertad. La nación haitiana tuvo así que escoger una senda propia que carecía de racionalidad económica en un mundo de fuerte competencia internacional. Los distintos gobiernos militares y civiles no lograron encontrar un mejor rumbo y, en realidad, muchos de ellos ni siquiera intentaron pensar en algún modelo alternativo; se complacieron por el contrario por su alto grado de oscurantismo y de cinismo en ejercer actos de satrapía. Tampoco pudieron estimular con base en un razonable grado de productividad su crecimiento y tampoco a consolidar los elementos necesarios para aprovechar -como los hizo la República Dominicana- la belle opportunité que el sistema de plantación ofreció en el Caribe entre 1900 y 1950.
La primera razón del atraso se relacionaba con las contradicciones internas y las rivalidades intercolonialistas que surgieron de la ruptura con el modelo de crecimiento colonial -el sistema de plantación- que había sido la base de la economía de Saint Domingue. A su vez, surgieron fuertes conflictos internos que provocaron su escisión en mini-estados enemigos durante los tramos temporales de 1806-1820 y 1867-1869, y dos modelos de producción: el del pequeño cultivador libre y el de la gran propiedad agraria de tipo feudal. Estos modelos económicos ayudaron a alimentar una fuerte ideología anticolonialista, lo que era necesario para que el Estado haitiano pudiera defender y garantizar su independencia frente a la antigua metrópoli y otras potencias colonialistas.
Posteriormente, la nación sufrió la intervención violenta de los marines en 1915, cuando el Gobierno de los Estados Unidos alentó una expansión de su esfera de influencia en el Caribe y Centroamérica. Los nuevos colonialistas remodelaron el Estado central en conformidad con los intereses de la First National City Bank of New York y empujaron la economía local a financiarse por medio de un empréstito (1922) que asentó su dependencia de los banqueros norteamericanos.
Lucha contra el ocupante
A pesar de todo, la nación resistió en tanto una nueva generación de patriotas, impregnados de sentimientos nacionalistas, encabezaron las luchas populares contra el ocupante desde 1915 con el objetivo asimismo de reorientar el destino del país. Pero también es cierto que la misma ocupación militar estadounidense generó nuevas condiciones (signadas por fuertes contradicciones) que el país hubiera podido aprovechar para modernizarse. Durante este período se despertó un cierto espíritu empresarial de nuevo cuño, y una apertura hacia la inversión externa. Por ejemplo, se abolió un artículo que todas las constituciones del siglo XIX venían reproduciendo y que si bien este instrumento legal era necesario entre 1804 y 1859 para defender la independencia impidiendo a los extranjeros tener "bienes raíces" (art. 7) o invertir en el país, se había transformado a partir de los años 1860-1870 en un obstáculo al crecimiento, aunque pocos gobiernos lo respetaban. Pero no se aprovecharon las nuevas oportunidades durante el periodo bajo consideración (1915-1934) y se produjo un crecimiento económico mucho más lento en el país que en la vecina República Dominicana.
A decir verdad, otras oportunidades se presentaron posteriormente a la nación para que pudiera reorientar totalmente su destino, particularmente durante las coyunturas de aumento sostenido de los precios de las materias primas (Segunda Guerra Mundial y Guerra de Corea). Los altos funcionarios del Estado haitiano intentaron algunos proyectos de desarrollo pero les faltó algo de visión para dinamizar el proceso, y esta nueva experiencia se quedo frustrada, pese a registrarse algunos resultados bastante positivos en ciertos campos de la actividad económica en el país.
Conviene mencionar que a pesar de todas las dificultades citadas y pese a todos los golpes de Estado que el Ejército venía realizando, hubo algunos momentos durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se produjo un cierto dinamismo económico y desarrollo social. Pero esta tendencia fue interrumpida por el largo periodo (1957-1986) de oscurantismo político durante la dictadura de la satrapía de los Duvalier. Haití se hundió totalmente en términos políticos y económicos, aunque con unos años de leve recuperación económica en los setenta, antes de entrar de manera imparable desde los ochenta en caída libre.
La salida de Baby Doc
Huelga decir que la nación probablemente hubiera podido revertir ese proceso de caída libre después de la salida de Baby Doc en 1986 de no haber aceptado durante la coyuntura electoral de 1990 el camino trazado por el grupo Aristide-Préval. Esta opción inicialmente despertó algunas esperanzas, pero a decir verdad conviene reconocer que no hubiera podido de ninguna manera ayudar a la nación a salirse del profundo letargo en el que se encuentra desde tiempos atrás. Ello se manifestó en el hecho de que el nuevo grupo gobernante expresó una estrategia política totalmente incoherente y nebulosa con los discursos populistas y mesiánicos que lanzaba. Tampoco tenía ninguna visión clara de lo que requieren la reconstrucción de un Estado y la modernización económica. Pese al alto grado de legitimidad que había alcanzado en los años 1994-1996, el nuevo régimen político aceleró aún más el deterioro de la situación y se reveló como uno de los mayores fracasos políticos que ha registrado la nación desde que se fundó hace ya más de dos siglos.
Así pues, para resumir, la nación haitiana ha dejado pasar un conjunto de posibilidades de crecimiento y de mejoría social durante los dos siglos pasados. Debe ahora refundarse y reconstruir su destino después del devastador terremoto del 12 de enero pasado. ¿Pero cómo? No puede por cierto hacerlo por medio del protectorado que las Naciones Unidas han reforzado a raíz de los hechos recientes, con el beneplácito del presidente Préval y que constituye una verdadera humillación política. Ningún país puede refundarse y redefinir su destino entregando el control de su aparato de Estado a una instancia política internacional, es decir liquidando él mismo su soberanía nacional. No puede tampoco hacerlo entregando su dirección a unos líderes políticos improvisados, o unos partidos políticos sin ninguna base popular real y un programa político coherente. O confiándose, en último caso, en una diáspora atravesada y dominada por el pensamiento imperial y ONGista.
La nación requiere para refundarse una fuerte movilización patriótica en torno a un programa coherente de pacto nacional, pero un pacto que no debe ser un pacto electoral, sino un pacto programático de gobierno amplio, que excluya, sin embargo, la participación de todos aquellos líderes - allegados o no del actual Gobierno- que se alistan para asegurar la continuidad del viejo sistema social y del protectorado de las Naciones Unidas. Es decir un pacto que integra a todas las fuerzas sociales, actores, ciudadanos y ciudadanas que piensan que el nuevo Gobierno que tomará el poder el 7 de febrero del 2011 deberá de manera inmediata:
Puntos del pacto programático
-Reconfigurar el aparato de Estado para fortalecerlo, reformando así el sistema judicial y estableciendo nuevas normas por el funcionamiento de la administración pública; y las ONG, las cuales deben ser reducidas a un cierto número determinado y colocadas bajo el control estricto del poder central.
-Reformular el discurso político general, educando así al pueblo para que apoye el nuevo proceso de acción, pero sin llevarle por medio de prácticas populistas a ilusionarse sobre el futuro inmediato del país.
-Definir con las Naciones Unidas un calendario para el retiro de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) en un plazo de dos años.
-Reformular el discurso político general, apoyándose así en el pueblo y educándole sin llevarle por medio de la retórica populista a crearse ilusiones.
-Fortalecer la Policía Nacional, tomando medidas eficaces para dotarla de recursos financieros suficientes y de medios modernos por el incremento de su eficacia; aumentar el número de agentes en consonancia con el incremento de la demanda de los ciudadanos y ciudadanas en materia de seguridad y de servicios; y elevar el nivel de formación de los agentes y su capacidad de comunicación y de dialogo con los ciudadanos y las ciudadanas.
-Asentar las bases para implementar de manera progresiva un plan de acción de largo plazo tendente a apoyar de manera sostenida la educación y a reactivar en general la economía en un marco distinto del modelo que las organizaciones financieras internacionales lo vienen imponiendo desde los años ochenta.
-Reconsiderar con las Naciones Unidas y las potencias tradicionales las condiciones de la ayuda que se ofrece al país a raíz de los graves daños sufridos el 12 de enero pasado. Es decir proponer y llevar a las Naciones Unidas y a las potencias aludidas anteriormente a aceptar a transformar la CIRH, con un número muy reducido de miembros y en coordinación con el Senado, en un comité de auditoría encargado de verificar los gastos realizados para la reconstrucción con fondos procedentes del extranjero. Todo ello con el entendido de que el comité podrá pedir a las Naciones Unidas suspender el desembolso de los fondos en el caso que se revele que ha habido malversación de algunas partidas ya desembolsadas.
Ya es tiempo que el Norte no pida al Sur que se arrodille para ayudarle. O sea, urge despolitizar la solidaridad internacional. Sobre todo en casos de desastres naturales. Es inhumano transformar los acontecimientos dramáticos del 12 de enero en un momento oportuno para asestar la estocada final al país e incrementar al mismo tiempo contra él en algunos medios de comunicación una vieja campaña de denigración basada en unos tantos clichés. Eso cuanto más que, como otros países del Sur lo han vivido ya y nosotros también en muchas ocasiones anteriores, la mayor parte de la ayuda prometida no será transferida a Puerto Príncipe sino que será consumida por las ONG y los expertos de los mismos países donadores. He aquí lo que la nación debe rechazar para poder recuperar su soberanía y redefinir su destino. He aquí también lo que debe llevar a la nación a movilizarse contra todas las maniobras de los grupos internos e internacionales por el mantenimiento de la continuidad política, sea por medio de la banda de Préval o sea por medio de unos de los líderes improvisados, o también uno de los seudos partidos políticos, incluso las bandas de Aristide.
